“Che, escuchame, Miriam: la ruta está limpia. Pero acá, en un quiosco, hay una ‘chata’ de Gendarmería. Ya te llamo”, le advirtió el gendarme tucumano. Miriam Del Valle Crespín aguardó pacientemente hasta que llegó la “orden”: “Ahí se fueron para el control; venite nomás”.
El diálogo descriptivamente sustancioso de las maniobras de elusión de los controles aduaneros para evitar el contrabando de mercadería de Bolivia a la Argentina pareció mostrar cierta asiduidad entre ambos.
La ama de casa cordobesa de 58 años, la coordinadora de viajes María Laura González (56), de La Calera, y el chofer uruguayo Jorge Giovamnini (67) fueron acusados de contrabandear miles de productos por más de 13 millones de pesos a través de “tours de compras”.
La última novedad en la causa –elevada a juicio en junio- tuvo como protagonista a Giovamnini. El Tribunal Oral Federal N°1 ordenó su detención hace algunas semanas luego de que la Policía Federal no lo encontrara en su casa, en la localidad de Unquillo.
El imputado luego reapareció y argumentó que en abril debió viajar de urgencia a Uruguay para asistir a padres, con lo cual fijó residencia en Montevideo.
El dato
La investigación comenzó luego de que el Centro de Reunión de Información Córdoba, de Gendarmería recibiera el dato de que Crespín y González contrabandearían mercadería a través de un “tour”, desde la localidad de Orán (Salta) hasta Tucumán. El “circuito” continuaría hasta su destino final: Córdoba.
El fiscal federal N°3, Maximiliano Hairabedian, logró establecer los roles y el presunto accionar delictivo. Crespín se habría dedicado a organizar los viajes de compras desde Córdoba hasta Orán y de allí a Bermejo, Bolivia, mediante los pasos Aguas Blancas o Chalanas.
Habría evadido la Aduana al utilizar a “bagayetos” o “pasaderos” para ingresar al país la mercadería sin declarar. Una vez que la mercadería llegaba a Córdoba, tenía como destino la Galería Norte.
Durante las tareas de vigilancia en su casa de barrio Remedios de Escalada, se observó la llegada de varios colectivos utilizados para los “tours” de los que se descargaba una importante cantidad de bultos.
Así, Crespín ostentaba el rol de organizadora de los viajes con indicaciones a los pasajeros, para lo cual habría contado con la participación del chofer de un Scania, Giovamnini.
Hasta maniquíes
Para ocultar que la mercadería era únicamente propia, trasladaba a otras personas en los “tours” para repartir los productos en distintos bultos y así simular que les pertenecían a ellas también.
No obstante, para el fiscal se demostró que la mercadería le pertenecía a Crespín, por un dato: cuando allanaron su casa, los gendarmes secuestraron 11,6 millones de pesos en productos sin declarar trasladados en el Scania.
Los elementos eran diversos en su tipo, cantidad y rubro: desde pavas eléctricas, ollas, golosinas y ropa (jeans, shorts, camperas, chombas, camisas, can canes, casi 19 mil cierres y suéteres), pasando por ventiladores hasta zapatillas. También hallaron otros objetos curiosos: un dispenser de agua y maniquíes. Se incautaron además una contadora de billetes y casi 15 mil pares de medias en un utilitario (presuntamente de su hija) estacionado en la puerta.
La mayoría de los elementos eran “atesorados” en su garaje, mientras que una cantidad menor era retirada por otras personas. “Soy inocente. En realidad la mercadería que traía era de los pasajeros, no mía”, se excusó Crespín al declarar.
“Nosotros éramos 40 pasajeros que veníamos en el colectivo, que armamos el viaje. A los otros pasajeros los hicieron ir y a mí me hicieron cargo como que era dueña de todo. Fui a hacer la compra para la familia: compré surtido ropa para los hijos, para los nietos y para mí”, dijo.
El fiscal destacó la serie de comunicaciones telefónicas entre Crespín y Rito Roberto “Beto” Cancino, de Gendarmería Nacional Tucumán (sobreseído) que mostraron cómo la mujer obtenía datos sobre los lugares donde se encontraban apostados los controles para, así, poder eludirlos.
“¿Hay una patrulla?”, le preguntó a “Beto”. “Dame 15 minutos y te aviso”, le respondió el efectivo. “Voy saliendo despacito. Cualquier cosa me avisa”, siguió Crespín. “Dale, dale”, le contestó Cancino.
En otros diálogos, contó cómo perdió mercadería (presuntamente en ciertos controles de las autoridades) o se mostró como la encargada de conseguir los “pasadores” para trasladar la mercadería sin declarar.
Hairabedian consideró que, con la maniobra, perjudicó al fisco al haber disminuido la base imponible sobre la que debían calcularse los tributos sobre la mercadería y que gravan la importación. En ese sentido, explicó que se constituya el delito de contrabando, la mercadería importada o exportada debe superar los 500 mil pesos, y en este caso, la cifra sobrepasa los 11,6 millones.
El colectivero y la guía
El chofer quedó implicado luego de que el colectivo que solía manejar fuera divisado participando de las presuntas maniobras, debido a que en la bodega del ómnibus -en el que viajaba Crespín- se cargaban bolsos vacíos.
“Giovamnini realizaba estos viajes de ‘tours de compras’ de manera habitual y conforme a las (…) intervenciones telefónicas a (…) Crespín, ésta modificaba constantemente la dirección de los viajes a los fines de poder eludir los controles aduaneros, por lo que Giovamnini no podía desconocer que Crespín ingresaba al país mercadería de manera ilegal, siendo a su vez la participación de este necesaria (para la) (…) actividad delictiva”, señaló el fiscal.
La tercera imputada en la trama es la coordinadora de los “tours”, González. Como coordinadora, llevaba a los pasajeros a Bolivia y Paraguay. Pero quedó sospechada por ingresar mercadería sin tributar al presuntamente pagar “coimas” a funcionarios policiales y de Gendarmería para que no controlaran la mercadería.
Tras negar el hecho, dio su versión: “No sé por qué me imputan burlar el control aduaneros si lo único que yo hago es pasar semanalmente por los puestos fijos de Gendarmería y de Aduana. Cruzo con la gente hacia Bolivia. Hay gente que va a comprar y gente que va a conocer. Mi trabajo consiste en acompañados. Alquilo un colectivo semanalmente (…) En cada uno de esos puestos de control nos piden la documentación de la mercadería y nos suelen secuestrar mercadería si no está facturada o está en exceso”.
Sin embargo, una escucha con un hombre tomó otro cariz en la causa: “Escuché de varias chicas que hablás de los pasadores. ¿Eso ya los tienen ustedes o tienen que buscar uno por su cuenta?”, le preguntó el hombre. “Le mandamos un mensajito y ellas (…) te pasan las cosas –le respondió González-. Te espera del otro lado. Hace siete años que hago esto; siempre siguió conviniendo lo que es Bolivia”.
En otra conversación se observó cómo un hombre le advirtió sobre los controles. Al allanar su casa en la localidad de El Pueblito, se incautó mercadería no declarada (y por lo tanto, sin tributar) por más de 1,4 millones de pesos que ingresó desde Bolivia eludiendo los controles.
Se secuestraron múltiples artículos: desde calzas, pantalones, sandalias, corpiños, bombachas, calzoncillos, acolchados, cortinas, camperas, polleras y, nuevamente, cientos de medias.
El fiscal le enrostró la misma supuesta maniobra que Crespín: llevar pasajeros en los “tours” y fingir que la mercadería no era exclusivamente suya sino de las otras personas también. Ambas fueron imputadas como supuestas autoras de contrabando y el chofer, como partícipe necesario.
