La imagen de los partidos de derechas saltando a la desesperada a capturar el sentido político de las movilizaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para pedir la retirada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no debería llevar a equívoco. Aunque el relato progre-constitucionalista prefiera ver una instrumentalización de la “extrema derecha” de las demandas de las fuerzas del orden constitucionales, la realidad es más bien al revés, la parte fuerte institucionalmente es la policía y los partidos son sus peleles.
Los partidos de derechas necesitan aparecer con anclajes sociales al menos tanto como los de izquierdas, y a la vez, esos mismos partidos han devenido tan espectáculo circense en su acercamiento al conflicto social como los de izquierdas. Poco que temer por ahí. Por decirlo simplificando pero sin perder el núcleo del asunto: el problema no es Vox, ni siquiera son los magistrados del Poder Judicial, son los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Pero, sin embargo, estas movilizaciones se producen en un momento social y económico muy concreto en el Estado español, y también en un momento de cuestionamiento fuerte de la función de la policía en las sociedades capitalistas en crisis que proviene del otro lado del Atlántico en forma de los movimientos masivos, surgidos de Black Lives Matter,Defund the Police y Abolish the Police. No es casualidad que las energías de las luchas antifascistas y antirracistas que surgieron al calor de la contestación a Trump terminaran por señalar radicalmente a la institución que sostiene, directa o indirectamente, la violencia y la amenaza de violencia necesaria para mantener el orden de dominio y explotación capitalista: la policía y sus sectores laterales, la seguridad privada y la milicia fascista informal.
España por ahora vive en un modelo político, bien mantenido con vida por la incorporación de Unidas Podemos al gobierno, en el que cualquier asunto político que no sea reducible en último término a los parámetros establecidos en la transición simplemente no existe en el mainstream. Pero eso no quita para que detrás de todo este revuelo policial estén causas y dinámicas sociales bastante homologables a las de los contextos políticos donde el cuestionamiento de la función de la policía está más avanzado. Básicamente, la pregunta de fondo que formula el movimiento Defund the Police remite a qué tipo de sociedad se quiere vivir y dónde se quiere invertir socialmente de cara a un futuro que se presenta de máxima tensión por los niveles nunca vistos de desigualdad social.
Esos de marrón ¿de qué empresa son que no les afecta la reconversión?
Los más de 6.000 millones anuales que cuestan Policía Nacional y Guardia Civil juntas son más que el presupuesto anual en sanidad de 14 comunidades autónomas. Tan solo Andalucía, Cataluña y Madrid dedican más a sus sistemas sanitarios de lo que se gasta el Estado en fuerzas de seguridad, en un momento en el que las tasas de criminalidad y de inseguridad en España están bajo mínimos y la demanda de sanidad pública desborda en varias veces la capacidad de absorción del sistema. Si se compara con el gasto educativo, mantener policía y Guardia Civil anualmente es comparable tan solo con el de la comunidad autónoma más poblada, Andalucía. Todas las demás comunidades gastan menos en educación de lo que gasta el Estado anualmente en policía.
En cuanto a las escalas salariales, un policía raso recién entrado en el Cuerpo Nacional de Policía gana 1.800 euros en 14 pagas. Los trienios y los complementos pronto suben la cifra. Estamos hablando de los mínimos. A partir de ahí los salarios van hacia arriba muy por encima de cualquier escala salarial en la sanidad o la educación pública. Frente a la descapitalización constante de sanidad y educación, las partidas de material policial no dejan de crecer y frente a la más que denunciada escasez de personal en la sanidad y la educación, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos no deja de aumentar la oferta pública de plazas de Policía y Guardia Civil.
Desde que comenzaron las movilizaciones por la igualación salarial con las policías autonómicas en 2017, los presupuestos policiales no han dejado de crecer. Tanto el último gobierno de Rajoy como sobre todo el gobierno de PSOE/UP no han hecho más que aumentar la dotación presupuestaria del Ministerio del Interior, que incluye los presupuestos de policía, Guardia Civil y prisiones ha venido creciendo entre un 5% y un 8% anual. Esto, por supuesto, una vez más en el marco infranqueable de la cultura política de la transición, es un clásico de la manera en que el PSOE ha gestionado cualquier posible atisbo de revuelta ideológica en las Fuerzas Armadas, primero, y en las policías después.
El método es sencillo: comprar la paz social. En este caso, comprar la paz policial a golpe de subida salarial y de unas dotaciones absolutamente extravagantes de material militar, en principio para que los policías puedan jugar con él, pero que en última instancia, tienen como justificación una eventual guerra interna contra parte de la población. La visión de la tanqueta de la policía nacional por las calles de Puerto Real durante la huelga de los astilleros es consecuencia de esta tendencia de las izquierdas a hacer la vista gorda con el playground para personas entrenadas en el uso de la violencia y la intimidación, pagado por todos, en que, por momentos, parece haberse convertido la policía.
Este no es ni mucho menos un problema exclusivo de la administración central, cómo bien puede atestiguar la ridícula unidad antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid, que el gobierno de Carmena no disolvió y que es utilizada fundamentalmente para disolver botellones y hacer controles durante la pandemia. Un caso claro, el de la Policía Municipal de Madrid, de policía con demasiado presupuesto y demasiados agentes sin más función que un eterno pulular por las calles en busca de algún hecho con el que justificar su existencia como partida presupuestaria. Las policías autonómicas, por supuesto, fueron pioneras de este modelo corporativo/clientelar al que se quieren decididamente sumar el resto de policías estatales. De hecho, los Mossos d’Esquadra tienen el dudoso honor de ser la policía mas letal y asesina de todo el Estado.
Tan aceptado está este modelo de gestión que necesariamente, para ser efectivas las reclamaciones de la policía, tienen que ir envueltas en un runrún ideológico que asuste lo suficiente al gobierno progre de turno como para que se abra una nueva ronda de subidas salariales y de material bélico de primera. En una de las reacciones clásicas de las izquierdas patrias, el “no podemos dejar la policía a la derecha” acaba generando más expresiones ideológicas del malestar policial, cuyo origen evidente está en la defensa de su estatuto corporativo ultra privilegiado. El bucle que se autoconfirma es, sin duda, la gran aportación de la cultura de la transición política española al mundo.
En este caso, posiblemente con policías aún en las calles manifestándose contra los muchos peligros que supone para ellos poder ser grabados en el ejercicio de sus funciones públicas, por las que les pagamos, o de lo injurioso que resulta que un pobre no pague una multa astronómica decidida por un agente unilateralmente, el gobierno anunció que la policía recibirá 26.000 porras extensibles de acero hasta ahora consideradas no reglamentarias.Por supuesto, con sus cursos de formación, que también pagamos todos, para que los agentes no golpeen con este arma a la ciudadanía en la cara, ni en la clavícula, ni en la columna, ni en los genitales, ni de arriba a abajo, ni para estrangular, ni en el cuello, ni en la cabeza. Esperemos que, al menos, no haya que pagar a los agentes un curso específico para cada parte del cuerpo, o cada técnica, en que la aplicación de las porras extensibles ASP deja daños graves o letales.
Proteger y servir al rentista
En un momento en el que los ejércitos han quedado reducidos a la condición de centros de compra de armamento regulados por tratados internacionales y que la guerra entre estados-nación de los siglos XIX y XX es hoy difícilmente instrumentalizable, la única guerra capitalista posible hoy es la de los Estados contra sus poblaciones. Ya ha comenzado a tambalearse el orden salarial mismo y se avanza hacia un modelo de informalización del trabajo y de percepciones puntuales de rentas salariales dependiente de una rotación aún más rápida de la fuerza de trabajo para ser mínimamente viable en el corto plazo. Y ni por esas va a evitar que la población excedente desde el punto de vista de la capacidad de absorción de trabajo del mercado laboral se dispare a niveles cuantitativos y cualitativos nunca vistos.
Avanzamos hacia unas sociedades europeas de las que ya ha casi desaparecido el motor interno de la producción, ahora masivamente concentrada en Asia. Unas sociedades ultrafinanciarizadas en las que los niveles de crédito y endeudamiento replican la miríada de posiciones minúsculas jerarquizadas en torno a la actual estructura del poder propietario/financiero frente a una masa cada vez más creciente de have nots de excedentes y desposeídos en distinto grado jerárquico, que ya se mueven con normalidad en el marco post empleo en el que se nos ha venido situando desde hace tres décadas y que ya tiene difícil vuelta atrás. El conflicto central en nuestras sociedades ya no es el conflicto laboral, sino el que opone a los detentadores de títulos de propiedad remunerables, inmobiliarios o financieros, frente a la masa que no los tiene y ha sido expulsada del orden salarial. Este conflicto pone a las fuerzas del orden público de cara frente a la masa desposeída a la que aplicarán la violencia que el mantenimiento del orden propietario/rentista requiera.
En este contexto, apostar por la creación de puestos de trabajo en la policía como elemento político medular, hasta el punto de tener proyectada una Universidad de la Policía en Ávila, piece de resistance de las políticas del ministerio de Grande Marlaska, quien, por cierto, es hijo de policías, es simplemente apostar por la reproducción del fascismo social mientras se utiliza convenientemente el fenómeno en su forma fetichizada y espectacularizada, es decir tal y cómo lo vende Vox.
Nos gusta vernos como sociedades liberales pacificadas que han renunciado a la violencia como medio de resolución de conflictos, pero sin embargo, un gobierno que se define como el más progresista de la historia, está poniendo las bases materiales para que esa subjetividad masculina blanca que podríamos llamar “máquina de matar” se reproduzca legítimamente agarrada al presupuesto del Ministerio de Interior. Es más, esta apuesta presupuestaria por la policía configura todo un pool de trabajo especializado en la violencia dentro y fuera de los cuerpos de seguridad al que es fácil rastrear en sus múltiples violencias físicas formales e informales. Cuanto antes se sustituya el actual modelo policial del gobierno y su extensión a futuras legislaturas por un defund the police adaptado a las circunstancias españolas, más posibilidades tendremos de vivir vidas no amenazadas por la violencia fascista.
